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martes, 29 septiembre, 2020

El 37% de los músicos no puede acceder a ninguna ayuda por las condiciones fraudulentas del sector, según AMPE

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) –

La Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE), denuncia nuevamente la situación de emergencia y desamparo de los músicos profesionales y trabajadores del sector.

En colaboración con sus diversas delegaciones, AMPE ha realizado una encuesta a 1.175 músicos sobre la situación de los profesionales del sector -que se puede consultar AQUÍ– que concluye que «el 37% de los músicos (intérpretes, ejecutantes, DJs o docentes de música) no tienen derecho a ningún tipo de ayuda».

Para la asociación, «años de fraude en la contratación pasan a día de hoy una factura demoledora con gravísimas consecuencias para un colectivo al que tradicionalmente se ha invisibilizado administrativamente o contratado en fraude de ley». «Una profesión excluida socialmente y desprovista de los mismos derechos que el resto de trabajadores», remarca.

Y añade: «Lo más sorprendente de todo es que se trata no solo de una actividad económica importante en el tejido económico, que mueve mucho dinero, sino que mucho dinero procede de la administración pública. Tanto por vía de contratos directos, como por vía de subvenciones a las actividades culturales».

Otra conclusión de la encuesta es que «uno de cada 4 músicos con antigüedad profesional mayor de 10 años no tienen derecho a ninguna ayuda». «¿Qué profesiones conocen que no permitan acceder a ninguna ayuda y/o prestación tras más de 10 años de antigüedad trabajando?», se pregunta la asociación.

En esta línea, destaca que se han «encontrado con músicos contratados como camareros por horas», y señala que entre los músicos docentes de escuelas privadas «la encuesta arroja que un 16,60% de los músicos están con contratos mercantiles para dar clases, contratos por obra y servicio que duran años o fijos discontínuos que se paralizan durante el verano».

«También actuaciones cotizadas en el régimen general, inexistencia de contratos, alquiler de salas para poder actuar y un largo etcétera de situaciones irregulares y fraudulentas en las que el único perjudicado es el músico profesional, el eslabón más débil, pero a su vez el más importante en la cadena de valor en la Industria Musical», agrega AMPE.

MEDIDAS DEL GOBIERNO

Para AMPE, las medidas adoptadas por el Gobierno en este último Decreto y en los anteriores «no alcanzan a los músicos que, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera pueden acreditar las mínimas cotizaciones exigidas en el Régimen de Artistas para poder acceder a las ayudas contempladas, como tampoco pudieron acceder a las ayudas contempladas en los anteriores, ni estar incluidos en los ERTES, porque para ello es una exigencia ineludible el estar o haber estado dado de alta en la Seguridad Social».

Los músicos en alta en autónomos eran minoritarios en el momento de la declaración del estado de alarma (14,38%) porque «la mayoría que se dan de alta como autónomos lo hacen por la exigencia de las empresas que les contratan, privadas y públicas, para que les emitan una factura». «Aunque la relación sea legalmente una relación laboral por cuenta ajena», denuncia AMPE.

En esta línea, asegura que solo aquellos que tienen un nivel de contratación muy elevado pueden permitirse estar dados de alta como autónomos durante todo el año: «El resto solo se dan de alta uno o dos meses al año para emitir las facturas de los trimestres que han trabajado o directamente contratan una de las empresas que hay en el sector que viven de emitir facturas por el trabajo de los músicos a cambio de un porcentaje».

Ante esta situación, AMPE afirma que «no se puede permitir que el dinero previsto para paliar una situación social grave de los músicos, que también forman parte de la industria musical, se use para perpetuar una situación fraudulenta».

«Medidas propuestas desde AMPE como, la modificación de los sistemas de control en los contratos del sector público para incluir el fraude en la contratación y la necesidad de justificar de la cotización de los artistas como clásula de exclusión del contratista, el seguimiento de las obligaciones laborales de los contratistas o el establecimiento de un sistema de control efectivo de las sentencias laborales y las actas de infracción social, supondrían la modificación de muy diferentes normas que se escapan al ámbito normativo del decreto», apunta la asociación.

STREAMING

Con respecto al streaming, tan sólo un 1,02 % de las actuaciones en este formato han sido remuneradas y con alta en la Seguridad Social, según AMPE: «O se regula el online desde el principio con las mismas condiciones laborales que el físico y los derechos de Propiedad Intelectual pertinentes, o se convertirá nuevamente en otro tipo de ‘contenido al peso’, con que comercien las grandes plataformas sobre la precariedad de un sector indefenso, en constante crisis desde el año 85».

Otras medidas de urgencia serían implantar una Renta Mínima de Subsistencia hasta que se pueda reanudar la actividad, crear una «Oficina de Atención al Músico» o la prioritaria puesta en marcha del Estatuto del Artista que establezca un nuevo marco jurídico. Toda la información sobre la encuesta está en www.ampemusicos.com.

AMPE es una asociación creada en 1999, con 28 delegaciones distribuidas en el espacio territorial de las Comunidades del Estado y comprometida con los derechos de los músicos profesionales en los ámbitos formativos, culturales y laborales. Durante 20 años de trabajo ha ido proyectando propuestas a los problemas endémicos de la música y de los músicos, en su mayoría todavía pendientes de solución.

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